Aproximadamente a las 14:00 del jueves 30 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el gobierno de Guillermo Lasso, representado por el ministro del Interior, Francisco Jiménez, firmaron la "acta de paz", para poner fin a 18 días de paralización nacional.
Con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se redactó un documento que puso fin a tres semanas de estallido social que cerró las vías en todo el país, con estados de excepción decretados por Lasso para la dura represión policial hacia los manifestantes. Sin embargo, Lasso llamaba al diálogo en constantes propagandas pagadas en radio y televisión. Ese llamado al diálogo fue truncado por el mismo gobierno tras la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, en el segundo día de las movilizaciones.
El diálogo empezó tarde, en la tercera semana de manifestaciones sociales, en ausencia del presidente Lasso, quien no dio la cara al país y envió a sus ministros, como los terratenientes enviaban a sus capataces a hablar con los indios. El racismo en todo su esplendor.
En su doble moral, el presidente ordenaba el estado de excepción para empezar el “uso progresivo de la fuerza”, una ley aprobada por la Asamblea Nacional el 7 de junio de 2022, contra los manifestantes indígenas y al mismo tiempo invitaba a las “marchas por la paz” contra el paro nacional en los barrios de clase alta. Esa mezcla explosiva de represión, racismo, y no de diálogo solo generó más resistencia, aumentando la violencia social, profundizado el estallido social y el enfrentamiento entre vecinos del mismo barrio.
El acuerdo de paz puso fin a la violencia, a la confrontación del pueblo armado (policías y militares) contra el pueblo desarmado (sociedad civil). En este acuerdo, como en una guerra, nadie ganó porque el pueblo perdió vidas, centenares de heridos, detenidos y criminalizados. El gobierno también perdió, porque Lasso se salvó de la destitución por la Asamblea Nacional, las abstenciones de once asambleístas no sumaron a los 84 votos afirmativos. Se necesitaban 92 votos para remover del cargo al presidente de la República.
El gobierno de Lasso tambalea, pierde legitimidad y es más vulnerable cada día porque en su burbuja no tiene la capacidad de entender la realidad de la sociedad ecuatoriana, la cual se debate en una supervivencia del día a día, sobre todo desde el incremento abismal de los precios de la canasta básica. Muchos relacionaron que el pretexto de los empresarios de fijar los precios fue por el alza del salario básico en 25 dólares, en enero pasado.
Al asumir la presidencia el 24 mayo de 2021, Lasso incrementó el precio de los combustibles; vetó la ley de aborto por violación ordenada por la Corte Constitucional, se comprometió con el extractivismo rentista. Por un lado, prometió duplicar la explotación petrolera en la Amazonía, incluido en la reserva de biodiversidad del Yasuní, un ecocidio. Por otro lado, expande el extractivismo minero, concesionando a empresas extranjeras territorios con ecosistemas frágiles de la zona Andina, lo cual aumenta la contaminación ambiental y el despojo de los territorios ancestrales de comunidades indígenas y campesinas, acelerando el cambio climático.
En este 2022, solo el 30% de la población económicamente activa del Ecuador tiene un trabajo estable, es decir casi 6 millones están desempleados, un tercio de la niñez sufre desnutrición y el nivel de embarazo adolescente está entre los más altos de la región. La Universidad Central del Ecuador emitió un comunicado, en el cual indicó que el 80% de 450 niños atendidos, durante la paralización, tienen desnutrición. Cifra alarmante, en que dos de cada tres niños sufren de desnutrición, que debería ser atendida por el gobierno, pero ni siquiera hay un comunicado de un estudio o investigación para garantizar la soberanía alimentaria.
Asimismo, el analfabetismo aumenta, mientras más de un millón de jóvenes son excluidos de las universidades. Esta fue una de las promesas de campaña de Lasso, ahora entendida como otra mentira, donde garantizaba el libre ingreso a las universidades. Tanta exclusión generó un aumento de la violencia sin precedentes, incluso en el sistema carcelario, con centenares de muertes por “guerra de bandas criminales”, según el gobierno.
Además, bajo el mandato de Lasso, como en 1999 (Superministro de Economía de Jamil Mahuad), empezó una migración masiva, donde miles de familias se ven obligadas a arriesgar sus vidas para buscar trabajo en Estados Unidos. Mientras el pueblo migra y envía remesas al Ecuador, el presidente evade impuestos con su fortuna de millones de dólares hacia paraísos fiscales en Florida y Dakota, Estados Unidos, según la investigación periodística internacional, Papeles de Pandora. Con estos antecedentes se forjó, en la sociedad ecuatoriana, el sentido profundo de despojo, robo y abuso. Ahora nos toca escondernos en esa paz que está condicionada a un acta que tratará de solucionar algunos problemas sociales y económicos durante 90 días. Esa paz que busca la justicia social y ecológica.
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