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| León Febres-Cordero, Jaime Nebot y Jaime Durán Barba apoyaron la candidatura de Jamil Mahuad en 1988. |
En Ecuador, desde el retorno a la democracia en 1979, los gobiernos hasta el 2006 fueron de tendencia de la derecha en política. Es decir, adoptaron medidas antisociales que obedecieron a intereses de grupos particulares y a políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los casos más trágicos y mediáticos empezaron con la “sucretización” de la deuda externa del país, adoptada por Osvaldo Hurtado, quien asumió la presidencia luego del fallecimiento (en “accidente” aéreo), del presidente constitucional Jaime Roldós (tendencia social de izquierda), muerte que nunca fue aclarada en su totalidad después de las investigaciones, donde no se descartó un Plan Cóndor.
Hurtado, a través del Decreto Ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983, en ese entonces, el Banco Central del Ecuador (BCE) asumió la deuda externa privada -que presentaba el 25% del total de los pasivos externos del país, lo “que generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano por un monto acumulado de $ 4.462 millones”, según estableció la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en 2008.
Luego, en el gobierno de León Febres Cordero, el 8 de enero de 1988 desaparecieron los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy, quienes para el momento contaban con 18 y 15 años de edad respectivamente. El crimen, asociado a la política de Estado del gobierno de Febres Cordero, sigue en la impunidad, los cuerpos de los hermanos Restrepo siguen sin aparecer, y los responsables de los delitos no han recibido una sanción. A eso, se suma la represión y miedo que infundió el presidente Social Cristiano (PSC), partido político que, ahora, apoya al candidato banquero Guillermo Lasso (con su partido CREO).
El gobierno social demócrata de Rodrigo Borja recuperó en algo el Estado, pero estuvo bajo la sombra neoliberal con la deuda externa y un país casi sin servicios básicos que atiendan a la sociedad ecuatoriana, en especial a la rural e indígena.
En 1995, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien fue apoyado por el PSC en su candidatura a la Presidencia en 1978, el Congreso Nacional empezó un juicio político contra Alberto Dahik, vicepresidente de Durán Ballén y hoy asesor económico de Lenín Moreno en la Presidencia. En ese año, Dahik enfrentó acusaciones por presunta malversación de fondos del Estado en el manejo de más de 20 mil millones de sucres, provenientes de los fondos reservados de la Vicepresidencia. Eso sin contar que su mandato neoliberal tuvo la premisa de “Modernizar el Estado” para que sean aprobadas una serie de leyes para privatizar varias instituciones del Estado, entre ellas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que a la larga no fue aprobada. Pero, desde la Vicepresidencia, Dahik en 1994, impulsó la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras, la que flexibilizó las reglas para los bancos y cualquier entidad financiera se convirtió en banco, esta fue una de las bases que ocasionó el salvataje bancario en el gobierno de Jamil Mahuad.
En 1996, Abadalá Bucaram llegó al poder derrotando al Social Cristiano, Jaime Nebot. Ese gobierno fue el más mediático por la cantidad extravagancias de Bucaram, su familia y sus ministros. Luego, su política se enfocó en escusarse del anterior gobierno e implementó medidas neoliberales, como subir el precio de los combustibles y el gas de uso doméstico, lo que le costó el poder con un golpe de Estado orquestado desde el Congreso Nacional.
En 1998, el presidente interino Fabián Alarcón que saltó del Congreso a Carondelet siguió el modelo empresarial que se construyó en los 80 y 90. Heredó un país en crisis, con un déficit del sector público de $ 1.400 millones, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB); con una caja fiscal casi vacía, salarios atrasados y alta deuda a los gobiernos seccionales. Además, Bucaram le dejó un retraso de $ 300 millones en el pago de la deuda externa y una inflación acumulada en enero y febrero de algo más de 10 puntos porcentuales. La reserva monetaria internacional, entre enero y febrero, cayó de $ 1.966 millones a $ 1.781; las tasas de interés eran altas e inestables; el endeudamiento público interno y externo era irresponsable, con intereses de hasta 20% en dólares. Algo parecido a este abril del 2021 tomando en cuenta que, Alarcón, heredó casi dos décadas de gobiernos neoliberales, Moreno (en cogobierno con CREO-PSC) lo hizo en cuatro años.
Desde 1998 hasta el 2000, con Jamil Mahuad, Ecuador sufrió la peor crisis económica y social de su historia. Los ecuatorianos quedaron marcados por el congelamiento de depósitos, el salvataje bancario, la muerte del sucre y el principio de la dolarización. El desencanto creció al saber que el banquero Aspiazu financió con $ 3’100.000 de dólares a la campaña presidencial. Pero, ¿quiénes se beneficiaron de la dolarización y del sistema cambiario a 25 mil sucres? Hoy está claro que los banqueros aprovecharon todo, desde el salvataje bancario hasta la convertibilidad que les dejó enormes ganancias, sin importar el sufrimiento, desempleo, dolor y muerte de miles de ecuatorianos.
Asimismo, el gobierno de Mahuad puso como Superintendente de Bancos, al que era abogado del grupo jurídico del banco Progreso, Jorge Egas Peña, en 1999. Además, el PSC, con León Febres-Cordero, Jaime Nebot y Jaime Durán Barba apoyaron la candidatura de Jamil en 1988 (foto). Ahora, como sabemos, se repite el mismo círculo, pero en apoyo a Guillermo Lasso.
En el 2002, el coronel Lucio Gutiérrez participó liderando a la oficialidad media de las Fuerzas Armadas y junto al movimiento indígena (CONAIE) y el Movimiento Popular Democrático (MPD), hoy Unión Popular. La propuesta electoral contaba con la fuerza moral del derrocamiento de Mahuad. Sin embargo, en su mandato, en un tiempo récord, Gutiérrez junto a su ministro de Economía, Mauricio Pozo (actual ministro de Moreno y excandidato a la Vicepresidencia por el PSC en el 2017), suscribió los acuerdos con el FMI y condicionó al país a nuevas imposiciones de la banca internacional. En agosto del 2003, el gobierno de Gutiérrez rompió la alianza con Pachakutik y llegó a un acuerdo con el PSC, en el Congreso. La pésima gestión en su gobierno con la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que debía cobrar a la banca corrupta, acusaciones de múltiples hechos de corrupción, nepotismo en la parentela en importantes funciones políticas y administrativas del Estado, lo llevaron a huir de la Presidencia y ser derrocado, en abril del 2005, por el pueblo ecuatoriano, desde los llamados “forajidos”. Luego, la diputada y vicepresidenta del Congreso, Cynthia Viteri (del PSC y actual alcaldesa de Guayaquil) tomó el juramento a Alfredo Palacio, como presidente de la República.
En este breve resumen hemos visto cómo el partido de la política derecha ecuatoriana, PSC, ha estado presente en cada una de las tragedias políticas, sociales y económicas del país. El mismo partido político, que prestó asilo a Lenín Moreno en Guayaquil, durante las protestas de octubre del 2019, y su líder Jaime Nebot, quien mandó a los indígenas, al páramo, para que no lleguen a protestar a la ciudad portuaria. Ahora, apoyan la candidatura de Guillermo Lasso. Está claro que su política no es para el beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, sino para su círculo y seguir en los negocios de banca para llevar los recursos del país, de los ecuatorianos, hacia el exterior, donde no pagan impuestos. Un modelo, en el cual, solo ven la ganancia de sus empresas y no el beneficio común, del obrero ni tampoco les interesa.
Por eso, en el 2007 llegó la Revolución Ciudadana, comandada por Rafael Correa para reorganizar el Estado y que la política pública beneficie a los sectores marginados. Una política de izquierda que logró una reconstrucción social y económica, con grandes obras en infraestructura de educación, salud, vivienda, viabilidad, etc. Esta política fue cuestionada desde el principio de su gobierno, desde los mismos actores políticos que apoyaron los gobiernos neoliberales y orquestado con algunos medios de comunicación. Los cuestionamientos vienen desde varias organizaciones, instituciones y fundaciones para lograr el retorno del neoliberalismo. Todo en una gran estructura de comunicación para intentar lograr y radicalizar la idea de que en el país se debe optar entre el “capitalismo” y el “socialismo”.
Sin embargo, ninguna de las dos tendencias, o ideologías han sido implantadas en el país. El supuesto capitalismo, lo hemos tenido desde 1981 con las constantes reformas neoliberales que han destruido al ser humano, a la población ecuatoriana hasta dejarla en la miseria en el 2000. Luego se instauró, con el apoyo popular desde las urnas, como en toda democracia, una política de izquierda, que nunca fue socialista, a pesar de que en el gobierno de Correa fue partícipe del bloque del Socialismo del Siglo XXI, política que intentó lograr un bloque latinoamericano para levantar la economía de la región golpeada por los gobiernos neoliberales de la década de los 90.
Digo que la política de Correa nunca fue socialista porque el Estado no se apoderó de la propiedad privada, es decir, no tomó posesión de las empresas y su producción. Si el Estado se fortaleció en una década, eso no significó que la empresa privada haya perecido, sino que también creció y generó utilidades para los trabajadores. Entonces, ¿por qué creció la economía de la empresa privada en un gobierno supuestamente socialista? Esta paradoja se resuelve en que la economía ecuatoriana necesita del Estado y de sus instituciones para tener dinero circulante, y toda la cadena productiva se reactive, donde el Estado es el principal proveedor para la empresa privada.
Pero, ¿por qué la “inversión privada” (propuesta para engañar al electorado) no puede suplir al Estado? En el Ecuador la empresa privada nunca lograría alcanzar la producción estatal porque el mercado no es muy grande. Es decir, la empresa privada ve a los trabajadores, a las personas, como consumidores, dentro del sistema capitalista, y el país no es un mercado atractivo por el número de consumidores, si lo comparamos con nuestros vecinos, como en Lima, ciudad que alberga a unos 10 millones de personas (más de medio Ecuador en población, solo en una ciudad). Por ejemplo, la multinacional Coca Cola tiene su matriz en Lima y desde ahí administra la sucursal en Ecuador.
Por eso, el engaño de la propaganda de candidatura de la derecha ha sido siempre que va a traer la inversión privada, pero, en realidad es una política neoliberal para privatizar las instituciones del Estado y con ello precarizar a la población, en el sentido que cada ciudadano tendrá que pagar para acceder a la educación y a la salud, algo tan esencial para la vida de cada persona. Ya lo hemos visto, en esta época de pandemia, como solo se ha beneficiado a quienes pertenecen a un grupo selecto de amigos para acceder, ellos primero, a la vacunación contra la covid y dejar a miles de personas de la tercera edad que esperen en la calle durante todo un día.
Entonces, las prioridades son claras, la política de derecha que solo busca el crecimiento de sus empresas, no digo que sea malo económicamente, pero socialmente precariza al trabajador sin un sueldo digno, sin utilidades, sin un seguro social, como las políticas sociales adoptadas desde 1981 hasta el 2005 y luego desde el 2017 hasta este 2021. En cambio, la política de izquierda que no desampara a la empresa privada, sino que también la ayuda, y sobre todo favorece a la sociedad con políticas de Estado que sigan dando gratuidad en educación, salud, obras públicas y que se interesa por los derechos laborales, que han sido pisoteados en los gobiernos neoliberales.
Esta es la realidad social, económica y política ecuatoriana, la que es vista, desde algunos “analistas” (casi siempre los mismos en diferentes medios de comunicación) como una política satisfactoria de los últimos cuatro años y echando la culpa al gobierno de Correa (como que no hubiera existido el Ecuador de las décadas de los 80 y 90), pero que nunca toman en cuenta al pueblo que sufre desesperadamente sin empleo y con un alto costo de vida. Por eso, porque el PSC siempre ha apoyado a los gobiernos neoliberales para condenar al país al subdesarrollo y con muchas malas experiencias que podemos sacar de cada ciudadano que intenta sobrevivir ante una injusta promesa de riqueza, siempre se deberá optar por la tendencia de izquierda, como una opción para mejorar la calidad de vida de cada ecuatoriano (esa es una experiencia de vida, pero para otro artículo), con un gobierno que lo tome en cuenta para garantizar la gratuidad en los servicios, sobre todo en la educación y en la salud para poder construir desde los ecuatorianos un país de beneficio común y no solo para un grupo.
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